El Defensor del Pueblo presentó el estudio “La situación de las personas con enfermedad celíaca en España” que dirige 22 recomendaciones a 59 organismos de las administraciones estatal y autonómica para mejorar la vida de las personas que sufren esta enfermedad crónica cuyo único tratamiento posible es seguir una dieta sin gluten. El objetivo del estudio es animar a la investigación de la enfermedad, divulgar la importancia de los diagnósticos, la necesidad de la especialización médica, dar a conocer las necesidades y los costes en productos alimenticios de estas personas, y, en muchos casos, las dificultades a las que se enfrentan para seguir su dieta.
La Institución ha pedido garantizar el acceso a los alimentos sin gluten en condiciones de seguridad. Así, ha recomendado políticas de apoyo a las empresas de hostelería y restauración para que ofrezcan menús adaptados a las necesidades de las personas con enfermedad celíaca o con otras alergias e intolerancias alimentarias.
Una de las recomendaciones que realiza el Defensor del Pueblo está dirigida a la Secretaría de Estado de Hacienda, a la que insta a realizar un estudio sobre la posibilidad de establecer una deducción en la cuota diferencial del impuesto sobre la renta de las personas físicas. O un incremento del mínimo personal y familiar, para compensar las necesidades económicas asociadas a la enfermedad celíaca. Recuerda que el gasto que tienen las familias en las que algún miembro padece celiaquía no está compensado en la actual configuración del impuesto con el mínimo personal y familiar. Matiza el agravio comparativo remarcando que la renta disponible no es la misma que la de quienes no tienen que soportar un sobrecoste para tratar la enfermedad.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha instado al Ministerio de Sanidad a definir un marco de prestaciones sociosanitarias para las personas con enfermedad celíaca y ha pedido a las Comunidades Autónomas que coordinen medidas de compensación para aquellos pacientes a los que el tratamiento integral supone un incremento de costes económicos. La institución también considera necesario estudiar deducciones fiscales para compensar las exigencias económicas asociadas a la celiaquía.
Actualmente el único tratamiento de la celiaquía es el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por vida. El umbral de seguridad de gluten para un celíaco es de 20 partes por millón (20 ppm), que es lo que se considera para que un producto sea libre de gluten. No existen grados de celiaquía, por lo tanto todos los celíacos sin excepción, tengan sintomatología externa o no, al consumir una cantidad superior a 20 ppm de gluten verán dañadas sus vellosidades intestinales y, por tanto, tendrá a largo plazo consecuencias severas para su salud.
Estudios comparativos revelan que en nuestro país los productos sin gluten son un 273 % más caros que los que contienen esta proteína; actualmente ni los gobiernos de Cataluña ni de España ofrecen ningún tipo de bonificación ni subvención a las familias celíacas con pocos recursos, a diferencia de la mayoría de los países europeos que otorgan ayudas directas o indirectas a los enfermos celíacos para hacer frente al sobrecoste del producto sin gluten, que es de hecho su única medicina. En nuestro país, hacer frente a la desviación de más de 1.000 euros anuales en la cesta básica de la compra (solo productos básicos) recae única y exclusivamente en el enfermo y sus familiares.
Cabe decir que en el caso de las alergias alimentarias no hay un incremento de precios porque el producto sea sin los otros alérgenos (huevo, apio, marisco, leche, etc.), cosa que sí ocurre con los productos sin gluten, ya que en el caso de los productos específicos sin gluten se requiere para la fabricación un incremento de costes en I+D+i importantes para la industria para conseguir la elasticidad y esponjosidad que confiere el gluten a otras formulaciones que no lo contengan y, además, asegurar la ausencia de contaminación cruzada.
Acceso al estudio “La situación de las personas con enfermedad celíaca en España”
